Regreso al banano


Por: César Campos.

Aunque algunos seguramente afirmarán que nunca dejamos de serlo –merced a su conocida tesis sobre nuestra atávica dependencia a los intereses foráneos– la carta remitida por cuatro embajadores extranjeros al presidente del Congreso nos devuelve de un sopapo a la condición de una república bananera.

En dicha misiva, recién conocida el viernes último, los jefes de las misiones diplomáticas de Canadá, Australia, Francia y Colombia expresan su “profunda preocupación” por la Ley N° 31018 mediante la cual se suspende el cobro de los peajes de la red vial nacional, afectando a las empresas concesionarias “cuyas inversiones se originan en nuestros respectivos países”. Tras una minuciosa evaluación de los impactos que sufrirán esas empresas y lo que ha significado para el Perú el capital privado en su desarrollo, invocan al Legislativo quedar abierto a las posiciones que los firmantes manifiestan.

Por donde se le mire, esa carta es sorprendente e inadmisible. Siento decirlo por la embajadora colombiana a quien conozco y respeto. No me extraña del de Francia cuya tradición de metetes en nuestros asuntos internos es reiterativa desde hace algunos años (Pierre Charasse, embajador que el 2006 mostró su abierta preferencia por el triunfo de Ollanta Humala en las elecciones de ese entonces. Y el inefable Fabrice Mauriès, también amigo de Humala, habría pretendido concederle asilo a éste y su esposa ante las primeras pesquisas judiciales en contra de ellos).

Australia se suma y Canadá donde, recordemos, el presidente Martín Vizcarra también ofició de diplomático como embajador del Perú. Ahí creo que se inicia el hilo de otra madeja más grande que la de Richard Swing.

Los diplomáticos firmantes saben los límites de sus funciones y si bien hay acuerdos bilaterales o multilaterales que les permite abogar por el trato justo a las inversiones de sus compatriotas o “que se originan” en los países que representan, la discreción de sus gestiones es la norma. La carta conjunta, sabiendo que cobraría publicidad, constituye una presión a un poder del Estado peruano cuyas deliberaciones o decisiones podemos objetar a viva voz los nacionales, como en efecto algunos lo hacemos e incluso contra la ley aludida.

Tengo la hipótesis que el contenido de la carta fue consultada previamente al Ejecutivo a través de la Cancillería. Y que adherido éste a la misma línea de reclamo de los embajadores, la autorizó. Por eso ayer, muy campante, el premier Vicente Zeballos dijo en RPP que el tema se dilucidará por los “canales diplomáticos”. Claro: primero la bulla contra el Congreso y luego el low profile ante una injerencia que debemos rechazar sin ambages.

Vizcarra y el canciller Gustavo Meza-Cuadra deben dar explicaciones claras sobre este penoso asunto.

(Tomado de: Expreso)

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