Premier Zeballos sobre declaración Jurada: No permite conocer «posibles conflictos de intereses en la administración pública»

Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, dijo sentirse “preocupado” por la decisión del Congreso de la República la modificación del Reglamento de este poder del Estado. Señaló que la declaración jurada de intereses es una plataforma digital que permite conocer los vínculos familiares, partidarios, económicos, comerciales, profesionales e institucionales de quienes ocupan cargos en el Estado con capacidad de decisión y manejo de recursos públicos.

Indicó que esta medida se aparta de los estándares de integridad, gobierno de datos e interoperabilidad establecidos en el país para identificar y prevenir posibles conflictos de intereses en la administración pública.

En esa línea, cerca de 36 mil funcionarios y autoridades del gobierno nacional, regional y local, empresas del Estado y organismos autónomos (como el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial) han cumplido con presentar su declaración jurada de intereses, según lo establecido en el Decreto de Urgencia N°020-2019, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE.

No obstante, con la modificación realizada al reglamento del Congreso se estableció dejar sin efecto toda disposición o norma de carácter general referida a la presentación de la declaración jurada de intereses de los parlamentarios, funcionarios y servidores del Legislativo; obligándose a declarar dichos intereses a una relación de funcionarios “conforme a las disposiciones que, para tal fin, establezca el Consejo Directivo”.

Por su parte, la Secretaria de Integridad Pública de la PCM, Susana Silva Hasembank, señaló que dicho cambio supone un alejamiento de los objetivos establecidos desde la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción —y las normas que facultan al Ejecutivo a desarrollar herramientas de integridad— en consonancia con estándares internacionales.

«Sin tomar en cuenta que se requiere que todas las entidades e instituciones del país implementen la declaración jurada de intereses a través de un canal estandarizado, para asegurar el acceso a la información, según los principios que promueven un Estado abierto», expresó.

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