Odebrecht: Lo que reconoció la empresa sobre el Gasoducto del Sur

En julio de 2019, el Equipo Especial Lava Jato dio cuenta de la firma de un acta por parte de la constructora brasileña Odebrecht, sobre el proyecto Gasoducto del Sur. ¿Qué reconocía la empresa en ese documento?

Según el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, en el acta Odebrecht declara expresamente su culpabilidad al reconocer que efectuó pagos ilícitos para el referido proyecto gasífero.

Bajo esa premisa, Vela consideró sin sentido la demanda que presentó la constructora contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

La declaratoria de culpabilidad, precisó, no está referida solo a pagos a privados.

«Cuando Odebrecht se declara culpable de cargos, son cargos que el Ministerio Público le imputa, y en este caso no solo hay cargos de presuntos sobornos sino de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro», detalló en RPP.

La colusión, explicó, constituye un delito de convergencia y basta con el favorecimiento ilícito a un postor en particular durante una licitación para que este se configure.

¿Involucró funcionarios en su declaratoria?

Decir que Odebrecht no incluyó a funcionarios en su declaratoria sobre el Gasoducto del Sur no es preciso, señaló Vela.

El fiscal recordó que la información entregada ha sido utilizada para medidas coercitivas de impedimento de salida del país de personajes de alto perfil que están dentro de las investigaciones.

Dichas medidas, dijo, fueron aplicadas a Nadine Heredia y exministros.

Lo que pide Odebrecht

Odebrecht exige más de 1,200 millones de dólares de indemnización, argumentando que Perú violó las obligaciones que tenía en el marco del convenio entre Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto.

Argumenta que el 24 de enero del 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.

El Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas.

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