La destitución del procurador

Por Gustavo Gorriti.

Pese a los agitados días de inicios de febrero, o quizá por ellos, Jorge Ramírez, procurador ad-hoc para el caso Lava Jato, tomó unas cortas vacaciones con su familia y, como era previsible, tuvo que interrumpirlas. Regresó para reunirse con los directivos de una de las mayores empresas del Club de la Construcción, para discutir los montos de su reparación civil.

Al final del martes, Ramírez se concentró en escribir el borrador de un comunicado en defensa de la procuraduría ad-hoc para Lava Jato (el título oficial ocupa tres líneas, así que quedémonos con este), frente a la campaña de ataques –la mayoría con argumentos más falsos que billete de trece soles– desatados contra el procurador y los fiscales del Equipo Especial luego de que Odebrecht planteara una solicitud de arbitraje al CIADI por el caso del Gasoducto Sur Peruano.

El borrador, de menos de 400 palabras, contenía cinco puntos, en uno de los cuales la Procuraduría reafirmaba “ …su compromiso con la defensa activa del Estado que viene ejerciendo en los procesos penales vinculados al proyecto Gasoducto Sur Peruano”.

Ramírez envió lo escrito a Daniel Soria Luján, el nuevo titular del nuevo cargo de Procurador General del Estado, con un mensaje: “Estimado Daniel, lamentablemente no he logrado comunicarme contigo. Es muy importante por lo sensible del caso Odebrecht, que estés al tanto….de asuntos que pueden afectar a nuestra institución”.

El “estimado Daniel” estuvo ocupado en su propio trabajo de redacción. Salió al día siguiente en El Peruano y decía lo siguiente:

Jorge Ramírez se enteró de la noticia al despertar el miércoles 12. Lo esperaba el mensaje por WhatsApp de un amigo, que lo exhortaba a “deslindar con el ministro”.

¿Deslindar? ¿Por qué? El link, abajo, lo informaba. Lo habían destituido y se lo tenían que contar los amigos.

Al lado de los whatsapps amicales, que informaban, estaban los de periodistas que preguntaban. ¿Qué diablos había pasado?

Ramírez no contestó, porque sabía menos que ellos.

Poco después, el flamante jefe del flamante cargo, Daniel Soria, se estrenó con una conferencia de prensa para explicar la destitución.

Lo que Soria Luján dijo a los periodistas puede ser definido de varias maneras, menos como explicación.

Sostuvo que la destitución de Ramírez no era de “carácter sancionador o por su desempeño. Es una decisión para que el trabajo de la Procuraduría ad hoc pueda fortalecerse. […] La idea es que no se ponga en tela de juicio la labor del sistema, que no haya ni un atisbo de duda de la actuación que se haya estado llevando estos años. […] Que sea una actuación sin opacidad”.

La hueca palabrería burocrática, de contradicciones sin sonrojo, sugería más bien que el trabajo de Ramírez les estaba jodiendo la “imagen” y agitando el nervio vago.

Tanto lo hizo que se olvidaron de notificarle el despido en la Procuraduría y la mandaron a una dirección antigua, desde donde una antigua vecina se pasó el día buscando a la familia Ramírez con el papel en la mano y la circunstancia en el rostro.

La noticia del despido de Jorge Ramírez tuvo un duro impacto en la procuraduría ad hoc. El único evento positivo fue saber que asumía la jefatura Silvana Carrión, la hasta ayer competente adjunta de Ramírez. Todo aquel que conoce el escenario de confrontación frente a la desinformación y la pura calumnia que enfrentan los que, según Soria, no debieran cargar ni con un “atisbo de duda” (aunque sea manufacturada por trolls o difamadores) en su trabajo, saben que Carrión será pronto objeto de una lluvia de calumnias por parte de los bien organizados corruptos. Y temen que esos ataques estremecerán los espinazos con osteoporosis de burócratas cobardes ante la “tela de juicio” con la que los aterrorizan.

Por la tarde del miércoles, los fiscales del Equipo Especial de Lava Jato, dieron a publicidad un comunicado que, pese a su lenguaje institucional, expresó la reacción inequívoca de quienes han llevado adelante la lucha anticorrupción en los años de Lava Jato y Lava Juez.

En el comunicado, el fiscal superior (Rafael Vela) y los fiscales provinciales del Equipo Especial manifestaron “a la opinión pública, el reconocimiento a la importante labor desempeñada por el abogado Jorge Miguel Ramírez […] como Procurador Público Ad Hoc […] como funcionario público cumplió un rol preponderante dentro del avance de las investigaciones […] de manera autónoma, honesta e idónea en el cumplimiento de sus obligaciones. […]

Reconocemos asimismo su participación activa, en los diversos procesos de negociación y suscripción de los Acuerdos de Colaboración Eficaz, sin cuya labor, no habría sido posible obtener su aprobación por parte del Poder Judicial […] Aunado a su activa intervención en las diligencias realizadas en el exterior (Brasil, Israel, entre otros), que han significado una valiosa contribución para el impulso procesal de las investigaciones del Equipo Especial, cuyo objeto primordial es la averiguación de la verdad”.

Firmaron todos los fiscales, excepto José Domingo Pérez, por encontrarse bajo licencia.

En las horas previas a la aparición del comunicado, despedido sin las mínimas cortesías, Ramírez sintió las emociones por las que pasan quienes son llevados de un momento al otro de la actividad intensa al silencio sin explicaciones.

Ramírez, católico practicante, intentó tomar las cosas con serenidad e incluso pasó un rato rezando.

La sensación de calma dio paso luego a la indignación, “…aunque al comienzo no lo entendí […] tengo un sentimiento de frustración … porque no me han permitido concluir los objetivos que me había planteado en la Procuraduría [y además porque] con esa actitud, el Gobierno les daba la razón a los detractores del Acuerdo”.

Con las horas y los rezos llegó otro sentimiento: “¿Ahorita? Tranquilidad. He actuado de manera honesta. Me voy tranquilo […] Vine a este cargo. Cumplí con mi trabajo. Me voy con algo de frustración por no haber podido culminar las cosas, pero a la vez con un sentimiento de tranquilidad”.

No todos quedan con ese envidiable sentimiento. Jorge Ramírez fue un procurador que pasó de un comienzo poco promisorio a un trabajo cada vez más experto y a la vez decidido y eficaz. En el año nuevo de 2019, cuando el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry intentó destituir a Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial, el procurador Jorge Ramírez tomó la decisión de abrirles el local de la procuraduría ad-hoc para que pudieran, a través de una conferencia de prensa aplaudida desde fuera por una multitud, expresar con claridad la posición que poco después los llevó al victorioso retorno a sus cargos. El decidido apoyo de Ramírez tuvo clara influencia en el resultado.

La destitución de un funcionario de logros relevantes y notable experiencia en la lucha anticorrupción es bastante más que un error y una estupidez para un gobierno que ha basado su legitimidad en, precisamente, el apoyo a esa lucha.

En esa especie de fuga de la sustancia a la imagen (o lo que entienden por ella), hay miedos extraños e ignorancias inexcusables. Sobre todo con relación a la tormenta de desinformación desencadenada por el arbitraje ante la CIADI.

Hoy IDL-R responderá en detalle las muchas preguntas relacionadas no solo con ese tema, sino con lo que significa manejar la gigante delación premiada corporativa con Odebrecht y la relación que esto tiene o no con otras actividades y temas en discusión. Terminaremos con las preguntas (y respuestas) fundamentales. ¿Vale la pena la delación premiada corporativa, con lo que ello significa? ¿Vale la pena la lucha anticorrupción, con todas sus consecuencias, costos y alcances? ¿Hemos ganado como país con ella o hemos perdido? ¿Ganaremos o perderemos en el cálculo final del duro proceso de pasar de la corrupción conocida a la integridad por conocer?

Tomado de: (Idl-reporteros)

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