Vicente Zeballos: El Gobierno no negocia con corruptos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que el Gobierno no negocia con corruptos, al ser consultado por el comunicado emitido por el empresa brasileña Odebebrecht, donde expresa su voluntad de encontrar una solución a la demanda arbitral presentada contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano.

A través de un comunicado, la empresa Odebrecht anunció estar dispuesta a encontrar una solución junto con las autoridades peruanas con la finalidad de suspender el proceso arbitral abierto ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

«El Gobierno no negocia con corruptos, lo que si le digo, es que la defensa corresponde asumirla a la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y, denlo por descontado, ya tenemos en el mismo Gasoducto un contencioso arbitral planteado por Enagás, la misma defensa que esta viendo este caso la asumirá en el caso de Obdebrecht», manifestó.

Asimismo, aseguró que en el Poder Ejecutivo rechazaban la actitud «pretenciosa» asumida por Odebrecht, que, a pesar de haber suscrito un acuerdo de colaboración eficaz y de haber una carga probatoria bastante sustantiva, respecto a los actos irregulares e inescrupulosos encontrados en el Gasoducto, «se haya atrevido a plantear una demanda arbitral»,

«Esperemos que se pueda corregir cuanto antes. (…) Confiamos (en una decisión a favor del Estado peruano) porque haremos una sólida defensa, pero también porque tenemos sólidos argumentos fácticos como de derecho», agregó.

Respecto a la demanda planteada por Odebrecht ante el Ciadi, refirió que esta seguirá su curso regular, siendo que primero se calificará y notificará, pero que por el momento este tema se trasladará a la Unidad de Controversias Internacionales.

«Un proceso arbitral es bastante complejo y muy dilatado en sus plazos, por ejemplo, en el caso de la demanda de Enagás (ante el Estado peruano) que atiene el Ciadi, este emitirá su laudo en diciembre 2022», refirió.

Asimismo, precisó que las pretensiones de Odebrecht pasa porque el Estado de manera unilateral y arbitrariamente, debe resolver el contrato, cuando este consorcio (integrado además por Enagás y Graña y Montero) no llegó a cumplir ese compromiso contractual que es el cierre financiero.

«Lo segundo que reclama, es que se haya dado una ley especial que restringe los derechos de este consorcio, lo cierto es que el Estado peruano tiene legítimo derecho de defenderse y qué mejor manera de hacerlo mediante un acto normativo», sostuvo.

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