Revelan que miembros del Ejecutivo sabían de las intenciones de Odebrecht de demandar al Estado

Luego de conocerse que la empresa Odebrecht demandara al Estado Peruano por cancelar el proyecto del Gasoducto Sur, y exigiera una indemnización por S/ 4,000 millones. Los fiscales Rafael Vela y José Pérez y el procurador Jorge Ramírez han quedao mal parados ya que ellos fueron los que gestionaron que la empresa brasilera reciba los S/ 524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, dinero que estaba en poder del Estado. Ahora se conoció que gente del Ejecutivo estaba al tanto de esto.

Este jueves, el diario Expreso, reveló que la ministra de Economía, María Antonieta Alva, sabía de este accionar de la constructora desde hace más de dos semanas.

“Odebrecht Latinvest S.a.r.l. v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/20/4)”, publicaba en su página web el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la demanda de la constructora brasilera.
La obra del Gasoducto Sur concedido a Odebrecht en conjunto con la española Enagás, a cuya empresa se adhirió Graña y Montero, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Cabe indicar que, Graña y Montero fue “socio secreto” durante las negociaciones y recién se dio a conocer tras firmado el contrato.

Luego de conocerse esto último, el director presidente y el director jurídico, de Odebrecht, Rey Lemos y Rogeiro Bautista da Nova, enviaron una carta al fiscal Rafael Vela, con fecha del 22 de enero.

En la que señalaban lo siguiente: “La compañía ha intentado alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, así como con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de postergar la referida fecha de vencimiento/prescripciones e iniciar negociaciones para solucionar la controversia. Al no tener éxito en la gestión, la compañía no tuvo otra alternativa sino presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero del 2020”, manifiestan.

Según, el mismo diario, la titular del MEF, María Antonieta Alva, y Juan Carlos Liu del Minem sabían que Odebrecht exigían un pago por 1,200 millones de dólares hace varias semanas.

Ahora la pregunta es ¿por qué no lo contaron? Se puede pensar que fue para no perturbar el desarrollo de las elecciones parlamentarias o para no “entorpecer” las negociaciones. Lo cierto es que tendrán que responder.

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