COVID-19: Lideres de la ONU piden deshacinar los penales y atender a los reclusos infectados

Diversos líderes de la ONU piden a los gobiernos adoptar medidas para deshacinar los centros penitenciarios ante la propagación del COVID-19 en las cárceles del mundo. “Insistimos en la necesidad de establecer un sistema de coordinación actualizado que reúna a los sectores sanitarios y judiciales, mantenga bien informado al personal de prisión y garantice el respeto en estos centros a todos y cada uno de los derechos humanos”, refieren en una declaración conjunta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina contra la droga y el delito (UNODC), la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), del Programa Conjunto sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y el Programa para el Desarrollo (PNUD) realizaron este pedido.

“Se debe garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias, con el fin de asegurar un enfoque con perspectiva de género y evitar brotes aún mayores de la enfermedad del coronavirus”, indica el un escrito de los directores ejecutivos Ghada Fathi Waly de la UNODC; Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la OMS; Winnie Byanyima de ONUSIDA y Michelle Bachelet de ACNUDH.

Instan a los gobiernos que consideren, en este momento de emergencia sanitaria a la privación de libertad y la prisión preventiva, como un último recurso.

“Los animamos a todos a esforzarse por adoptar otras medidas no privativas de libertad. Estos esfuerzos deberían abarcar también mecanismos de liberación para las personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19, como la gente mayor y los presos con enfermedades previas. Del mismo modo, proponemos liberar también a otras personas cuya libertad no comprometa la salud pública, por ejemplo, individuos condenados por delitos menores y no violentos, prestando una consideración especial hacia las mujeres y los niños”.

Además, piden a “todos los Estados que garanticen en todo momento, no solo la seguridad, sino también la salud, el bienestar y la dignidad humana de las personas privadas de su libertad y de quienes trabajan en los centros de detención. Esta obligación ha de imperar siempre, con independencia del estado de emergencia”.

En esa línea, piden que consideren a las personas con enfermedades preexistentes y garanticen que sigan recibiendo los tratamientos médicos durante su detención.

“Entre la población en prisión hay una sobrerrepresentación de personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, tuberculosis (TB) y hepatitis B y C, en comparación con la población general. La tasa de infección de enfermedades en población tan confinada es también más elevada que entre la población general. Más allá de la infectividad normal de la pandemia de COVID-19, las personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, hepatitis y TB podrían tener mayor riesgo de complicaciones derivadas de la COVID-19”.

Finalmente, piden a las autoridades se “garantice el acceso constante y el flujo de productos sanitarios de calidad a las cárceles y a otros centros de detención” así como de “profesionales sanitarios”.

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