Castañeda: Prioridad es garantizar salud de internos y seguridad en los penales

Una prioridad de la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) es garantizar la salud de los presos y la seguridad en los 68 penales del país durante la actual situación de emergencia, aseguró el titular del sector, Fernando Castañeda Portocarrero.

Con ese propósito, dijo, se dispuso el cambio del presidente, vicepresidente y tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

El funcionario explicó que lo que se busca es potenciar un conjunto de medidas que se han implementado a raíz de la declaratoria de emergencia frente a la pandemia de Covid-19.

El nuevo consejo del Inpe se abocará de forma preponderante a la seguridad, con el fin de prevenir y evitar motines, afirmó Castañeda.

Para tal fin, precisó, se nombró como miembro de esta instancia a un general de la Policía en retiro, con experiencia en temas preventivos.

Coordinaciones

Asimismo, reveló que se coordinó con el Ministerio del Interior (Mininter) para que agentes de la Policía apoyen en la seguridad exterior de los 68 penales que tiene a su cargo el Inpe.

En materia de salud, Castañeda indicó que se dispuso que el personal especializado de las cárceles haga un seguimiento en cada penal para prestar atención a la población vulnerable como los adultos mayores y personas afectadas por diabetes, TBC, VIH y cáncer.

El ministro de Justicia recordó que el Gobierno aprobó un desembolso de 10 millones de soles, mediante el Decreto de Urgencia Nº 029, para adquirir equipos de protección destinados a los agentes penitenciarios de los 68 penales: mascarillas, guantes y mandilones.

Asimismo, se comprarán mascarillas para los internos que están enfermos, así como artículos para desinfección y limpieza de los penales.

Los recursos servirán también para la preparación de ambientes de aislamiento, detección y descarte del coronavirus y la mejora de los sistemas de suministro de agua potable.

Medidas

Además, sostuvo que se trabaja para acelerar la aplicación de los decretos de urgencia sobre internos por omisión a la asistencia familiar y el traslado de extranjeros a su país de origen, para así disminuir el hacinamiento.

“Hay una serie de medidas en varias líneas porque nuestro compromiso es garantizar la seguridad y la salud. No podemos permitir, por ejemplo, que los internos pretendan quebrar el principio de autoridad. Es una responsabilidad garantizar la seguridad de las personas a nivel nacional”, apuntó.

Respecto a la emergencia que vive el país por la pandemia, señaló que ayer, en la reunión del Consejo de Estado, se vio la necesidad de que todas las instituciones públicas y privadas, en los diversos ámbitos y en los diversos niveles, gobiernos regionales y locales incluso, se sumen a esta lucha.

El funcionario indicó que en la cita se explicó, además, que las diligencias de levantamiento de cadáver y posterior necropsia solo se practican en casos que ameriten una investigación penal, como una eventual negligencia médica u homicidio.

En los demás, se precisó que corresponde a las autoridades de salud emitir los certificados de defunción respectivos y el retiro de los cuerpos, detalló.

Castañeda dijo que se formulará un instructivo sobre levantamiento de cadáveres de personas contagiadas por el Covid-19 para que, en breve plazo, se cuente con este nuevo mecanismo.

De igual modo, sostuvo que se evaluó la aplicación del control concurrente a las adquisiciones e inversiones que se están realizando para luchar contra el coronavirus.

La Contraloría General de la República trabaja una estrategia de control integral para el uso de los recursos económicos dispuestos para atender la emergencia nacional, refirió.

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